América Latina ha experimentado importantes transformaciones en su modelo de desarrollo durante las últimas décadas. En el contexto de la cooperación internacional, la región fue considerada prioritaria hasta los años ochenta. Sin embargo, a partir de ese periodo, los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) comenzaron a reducirse significativamente como resultado de cambios en los intereses geopolíticos y económicos globales. Esto implicó que gran parte del esfuerzo por impulsar el desarrollo regional tuviera que ser liderado desde dentro de los países latinoamericanos (Diálogo de Coyuntura de RedEAmérica, 2016; Memorias del VI Foro Internacional de RedEAmérica, 2014).
En paralelo, el rol del sector empresarial en los procesos de desarrollo social también se transformó. Muchas compañías comenzaron a alejarse de un enfoque filantrópico tradicional para adoptar modelos de inversión social privada más estratégicos, orientados al desarrollo sostenible de las comunidades donde operan. Este cambio implica integrar la contribución al bienestar colectivo dentro de la lógica empresarial, particularmente a través del enfoque de desarrollo de base (Taller “El Desarrollo de Base e Inclusión Económica”, 2012) Dentro de este proceso, las empresas familiares han ocupado un lugar destacado.
Históricamente motivadas por los valores de sus fundadores y una cultura de compromiso comunitario, muchas iniciaron su acción social desde un enfoque filantrópico. No obstante, también ellas han transitado hacia prácticas más sostenibles y orientadas al impacto, incorporando la inversión social privada como parte integral de su visión de largo plazo (Programa Empresa + ComUNIDAD, 2016) La Inversión Social Privada se define como el uso estratégico de recursos privados para el beneficio público, frecuentemente implementado a través de fundaciones o institutos legalmente independientes de sus creadores y que operan sin fines de lucro (Gentil et al., 2019a) Desde la década de los noventa, el concepto de inversión social privada comenzó a formarse como una respuesta a la creciente corresponsabilidad empresarial, marcando una transición desde prácticas filantrópicas tradicionales hacia enfoques más estratégicos orientados al desarrollo social. En este periodo, las empresas comenzaron a reconocer su papel en el bienestar colectivo, sentando las bases para una visión más estructurada de la responsabilidad social. Durante la década de los 2000 , este papel se consolidó con la creación del Índice de Sostenibilidad Corporativa, lo que impulsó la integración de prácticas sostenibles en los modelos empresariales y el marco institucional que regula estas iniciativas. En la actualidad, se ha profundizado la relación entre las inversiones sociales y los objetivos empresariales, con un énfasis creciente en la medición del retorno de inversión, así como en los beneficios reputacionales y estratégicos que estas acciones pueden generar para las organizaciones. (Gentil et al., 2019b)
La inversión social privada puede distinguirse en tres modalidades. La filantropía corporativa se basa en donaciones caritativas con un enfoque reactivo, sin conexión directa con laestrategia empresarial. La responsabilidad social empresarial (RSE), en cambio, implica un enfoque más amplio e integrado, que incorpora prácticas éticas y sostenibles dentro de la estrategia de la empresa. Finalmente, la inversión social estratégica se enfoca en resolver problemas sociales específicos mediante acciones alineadas con los objetivos empresariales, generando valor medible y un compromiso sostenido en el largo plazo. (Corporate Philanthropy Vs. Strategic CSR: Finding The Balance, s. f.)
Este trabajo busca analizar cómo los valores latinoamericanos, especialmente el familismo, el colectivismo y la resiliencia influyen en las decisiones relacionadas con la inversión social privada en empresas familiares de la Región Metropolitana de Santiago, Chile. Se parte de la premisa de que, en este contexto, la inversión social privada no responde únicamente a una lógica económica o de responsabilidad empresarial, sino también a una lógica de pertenencia cultural y continuidad familiar. Se pretende comprender cómo principios culturales como la lealtad familiar, el compromiso comunitario y la capacidad de adaptación frente a entornos cambiantes se reflejan en las prácticas empresariales orientadas al desarrollo social. Estos valores no solo dan forma a la identidad organizacional, sino que también influyen en la forma en que las empresas familiares construyen vínculos con su entorno y definen sus prioridades sociales.
Al centrarse en un conjunto de empresas familiares con trayectoria y visibilidad en Santiago, el estudio busca contribuir a la comprensión del vínculo entre cultura empresarial, valores familiares e impacto social, destacando cómo estos elementos pueden alinear intereses económicos con objetivos de desarrollo sostenible a nivel local.
La motivación para estudiar a las empresas familiares en Chile responde a su peso significativo dentro de la estructura económica del país. Estas compañías representan aproximadamente el 78 % del total de empresas, y tienen una participación del 61 % en el PIB nacional . Incluso entre las grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago, alrededor del 57 % están controladas por familias, lo cual muestra no solo su predominancia en el tejido empresarial, sino también su influencia en los sectores productivos estratégicos del país. Estas empresas operan en industrias tan diversas como la banca, energía, minería, transporte, logística, agricultura, comercio minorista y aviación, abarcando desde pymes hasta holdings internacionales.A ello se suma que, según estudios del Ministerio de Economía de Chile, las empresas familiares tienden a mostrar mayor persistencia en el tiempo que las no familiares, con una edad media de 11.8 años frente a los 9.8 años del resto. (Pacheco, 2014)
Esta longevidad sugiere que su presencia no es circunstancial, sino estructural, y que su lógica de continuidad intergeneracional podría estar vinculada a sus decisiones en materia de responsabilidad social e inversión comunitaria. Por estas razones, el contexto chileno, en específico la Región Metropolitana de Santiago ofrece un terreno propicio para analizar cómo los valores familiares y culturales latinoamericanos influyen en la inversión social privada.Chile es, además, un país donde las empresas privadas y sus fundaciones han estado activamente involucradas en el desarrollo comunitario y territorial, buscando ir más allá del crecimiento macroeconómico para contribuir al bienestar de las personas. Un ejemplo destacado es la Fundación Pehuén, que trabaja en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Pangue desarrollando proyectos en ámbitos como la producción, vivienda, salud, educación y organización comunitaria (Acompanhamento e co-financiamento de processos organizacionais para o desenvolvimento de base, 2007). Otro caso relevante es el de Minera Los Pelambres, en la Provincia del Choapa, Región de Coquimbo, donde la empresa interactúa con más de 40 comunidades del valle que combina actividades agrícolas, ganaderas y urbanas. Su experiencia de más de una década en el territorio ha generado aprendizajes significativos sobre desarrollo local (Evaluación de impacto en la promoción de comunidades sostenibles. Medición de impacto Minera Los Pelambres – Chile, s.f).
Además, la Fundación Minera Los Pelambres, parte del grupo Antofagasta Minerals y del Nodo Chileno de RedEAmérica, ha impulsado espacios de discusión sobre el rol social de las empresas privadas y su contribución al bienestar comunitario, como el foro coorganizado con Acción RSE en 2015 (Memorias Fundación Minera Los Pelambres, 2015). Asimismo, Santiago de Chile fue sede del Encuentro Anual de RedEAmérica 2014, titulado “Empresa y Comunidad: Actores del Desarrollo Sostenible”, con el propósito de fortalecer el enfoque de desarrollo de base en el país (Reporte Anual 2013 de RedEAmérica, 2013).
Además del compromiso cultural y comunitario de las empresas familiares, el entorno institucional en Chile también juega un papel clave en el impulso de la inversión social privada. El marco legal chileno proporciona condiciones propicias mediante políticas públicas que fomentan la responsabilidad empresarial, así como un marco regulatorio orientado a garantizar una regulación de alta calidad (Regulatory Policy in Chile: Government Capacity to Ensure High‑Quality Regulation, 2016). A esto se suman incentivos tributarios específicos, como los beneficios fiscales para empresas que operan en zonas extremas del país o aquellas que realizan actividades de investigación y desarrollo (Chile - Corporate - Tax Credits and Incentives, 2025). Estos mecanismos no solo estimulan la inversión empresarial, sino que también refuerzan la alineación entre intereses económicos y objetivos sociales en el territorio chileno.
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