La inversión social privada (ISP) se refiere a la asignación voluntaria, planificada y estratégica de recursos privados –financieros, humanos, técnicos o en especie– para el desarrollo de iniciativas sociales, ambientales y culturales de interés público. Esta inversión, llevada a cabo por empresas, fundaciones, institutos o individuos, busca generar valor colectivo mediante intervenciones con impacto medible, contextualizadas y sostenibles (GIFE, 2013 en Villar, 2015; Monteiro et al., 2011). En este sentido, incorporar una perspectiva de género en la ISP implica reconocer que las desigualdades entre hombres y mujeres no sólo representan una profunda injusticia estructural, sino que a su vez limitan el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Es por ello, que la inversión con enfoque de género (IEG) busca transformar estas condiciones, mediante el apoyo estratégico a iniciativas que promueven la inclusión, la igualdad de oportunidades y la eliminación de estereotipos de género (Corral, 2023).
Las organizaciones que integran el enfoque de género en sus inversiones no sólo contribuyen a cerrar brechas históricas de desigualdad, sino que también fortalecen la eficiencia y sostenibilidad económica de sus intervenciones, al aprovechar el potencial de la equidad de género como un motor de cambio sistémico (ONU Mujeres, 2021; Banco Mundial, 2012). En los últimos años, la incorporación del enfoque de género en la ISP en América Latina ha mostrado ciertos avances. Iniciativas como las Alianzas de Paridad de Género impulsadas por el BID, la emisión de bonos de género y el surgimiento de fondos con lente de género promovidos por organizaciones como Pro Mujer y Latimpacto han demostrado el potencial transformador de estas estrategias (Villanueva et al., 2023; Jiménez et al., 2024; Price, 2024; Pro Mujer, 2024).
Sin embargo, persisten desafíos importantes, como la baja proporción de financiamiento dirigido a empresas lideradas por mujeres, la limitada disponibilidad de productos financieros con enfoque de género, la escasa participación de mujeres en la toma de decisiones financieras, y la necesidad de sensibilizar más profundamente a las y los inversionistas sobre los beneficios sociales y económicos de cerrar las brechas de género (ESADE, 2019; OECD, 2019; Buckland et al. 2019).
En este contexto, la presente investigación se propone responder a la pregunta: ¿Qué buenas prácticas de la inversión social privada han demostrado ser más eficaces en promover simultáneamente la equidad de género y la sostenibilidad económica en comunidades de base?
Para ello, se plantea como objetivo general identificar aquellas prácticas que, desde el ámbito de la ISP, logran articular de manera efectiva la equidad de género con la sostenibilidad económica en contextos comunitarios. Este estudio es relevante pues contribuye a cerrar una brecha de conocimiento sobre qué estrategias han mostrado mayor efectividad en la región, al tiempo que ofrece aprendizajes útiles para el diseño de intervenciones más inclusivas y sostenibles por parte de actores del sector privado en América Latina.
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